Por Orley Reinaldo Durán Gutiérrez, radialista e investigador en comunicación para el desarrollo y el cambio*
El 17 de agosto de 2026, la gerencia de Inravisión, entidad que administra el Sistema de Medios Públicos de Colombia, ordenó por mensaje de WhatsApp a los directores de las 20 Emisoras de Paz suspender toda su programación habitual. Hoy solo se escucha música enlazada desde Bogotá. La medida se anunció como “temporal”, pero conviene decirlo con claridad: en materia de libertad de expresión, lo temporal también censura.
Las Emisoras de Paz nacieron del punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP, dedicado a las herramientas de difusión y comunicación de la implementación. Ese punto ordenó la creación de 20 emisoras en FM, en las zonas más afectadas por el conflicto armado, con una distribución equitativa de participación entre organizaciones de víctimas, organizaciones sociales, las cooperativas de excombatientes y las entidades del Estado.
Lo que se apaga cuando se suspende la programación de una radio
Quienes trabajamos en comunicación ciudadana y comunitaria sabemos que en estos municipios la radio no es un medio más: es el medio. Es donde se convoca a la junta veredal, donde se pregunta por el estado de la vía, donde se explica en qué va el PDET, donde una madre busca a su hijo o donde se advierte sobre la creciente del río. Es el lugar donde vecinos que estuvieron en orillas opuestas de la guerra vuelven a escucharse.
Esa radio produce tres bienes que ninguna cadena de radio comercial puede sustituir: información local útil, deliberación pública sobre asuntos propios, y reconocimiento. El desarrollo local se sostiene sobre esos tres pilares, la reconciliación, más todavía.
Los peligros que debemos nombrar
Más allá del hecho consumado, lo que está en riesgo es el modelo. A continuación expongo algunos de los peligros que veo como advertencia:
Censura por la vía del enfoque. Revisar contenidos con la premisa de desmontar un supuesto “aparato de propaganda” abre la puerta a que se declare inadmisible aquello que es constitutivo de estas radios: hablar de sustitución de cultivos, de restitución de tierras, de líderes amenazados, de implementación incumplida.
Cambio del enfoque fundacional. Estas emisoras nacieron con un mandato de convivencia y reconciliación construido con participación de víctimas, organizaciones y excombatientes.
Redefinir ese enfoque desde una gerencia nombrada hace días equivale a reescribir un acuerdo por vía administrativa.
De emisoras del Estado a instrumentos de gobierno. Es la distinción que más nos cuesta sostener en Colombia, y la ironía es evidente: se invoca despolitizar el sistema de medios públicos mediante un acto de control político sobre su parrilla. Un medio público le pertenece a la ciudadanía; un medio gubernamental le pertenece a quien manda hoy.
De la información al entretenimiento. El desplazamiento hacia la parrilla exclusivamente musical no es neutro: es el modelo que siguen hoy las emisoras de la Policía y del Ejército, donde la música ocupa el lugar que podría tener el análisis de la realidad local. Entretener sin informar es una forma elegante de silenciar.
Centralización. La FLIP y AMARC ALC señalaron que la medida afecta el modelo de radio descentralizada que Radio Nacional construyó desde 2014. Una cadena que baja desde Bogotá no responde a las dinámicas locales; a lo sumo, las representa.
Dos hipótesis sobre una suspensión “temporal”
La primera: se trata de una revisión de contenidos, un diagnóstico de parrillas y contratos. La segunda, más inquietante: la suspensión es el tiempo muerto necesario para preparar un cambio de enfoque narrativo, estético y editorial, y devolver al aire unas emisoras distintas de las que se apagaron.
Todo gobierno tiene la facultad legítima de evaluar, diagnosticar y caracterizar los contenidos de los medios públicos. Nadie discute eso. Lo que genera desconfianza máxima es el método: para revisar no era necesario apagar. Ninguna auditoría de contenidos exige el silencio previo del objeto auditado. Al contrario, lo deseable habría sido abrir espacios de reflexión con directores, productores, equipos periodísticos y audiencias para examinar a fondo el funcionamiento, los contenidos, los alcances y las formas de participación de la gente. Eso sí habría sido despolitizar: someter el medio público al escrutinio de su público.
Mientras tanto, hay veinte municipios donde a esta hora suena música que nadie pidió, en lugar de las voces que costó nueve años poner al aire. La pregunta que le dejo al debate nacional no es si el gobierno puede revisar. Es por qué necesitó callar para hacerlo.
*Orley Reinaldo Durán Gutiérrez es doctor en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) e integrante del equipo de trabajo YARUMA. Referente de AMARC en Colombia. Acompaña procesos de comunicación ciudadana y comunitaria en Colombia.
