Este acuerdo con los peticionarios de la radio Estrella del Mar del sur de Chile contempla medidas de “no reiteración” que el Estado chileno asumió con la CIDH y los peticionantes, tras constatarse que la emisora comunitaria fue vulnerada en su derecho a la libertad de expresión tras la decisión de la alcaldía local de desconectarla del suministro eléctrico por discrepar con su línea editorial.

En el día de hoy (19 marzo 2024), en Santiago de Chile se efectuó la firma de un Acta de Entendimiento entre el Estado chileno y los peticionarios del caso Miguel Ángel Millar Silva y otros (Radio Estrella del Mar de Melinka) v. Chile, donde se contemplan medidas recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se busca que hechos de trato desigual, discriminación y vulneración de derechos fundamentales a radios comunitarias no vuelvan a repetirse.

La actividad contó con la presencia del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, con Miguel Millar Silva -como uno de los peticionarios- y Mariángeles Misuraca del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) -en calidad de patrocinante-. A su vez, diversas organizaciones sociales como AMARC y OBSERVACOM, también estuvieron presentes en el acto.

Durante 1999 la radio de Melinka -localidad ubicada en el archipiélago de Las Guaitecas, en la región austral de Chile- fue excluida del régimen de suministro eléctrico que la alcaldía local proveía y que permitía su funcionamiento, mientras otros medios locales siguieron conectados.

Luego de fallos negativos en la Justicia de país antes sus reclamos, el caso llegó a la CIDH, que concluyó en 2015 que la decisión de desconectar a la radio durante el proceso electoral de ese año se basó en discrepancias del alcalde con la línea editorial de la misma, y por ende se vulneró su derecho a la libertad de expresión y a la igualdad, derechos que están protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH aprobó varias recomendaciones al Estado chileno para reparar los derechos de las víctimas y para adoptar medidas en busca de garantizar que lo sucedido con esta radio comunitaria, no vuelva a repetirse con otras.

Dentro de las primeras, el Estado ya cumplió con la recomendación de proveer a la radio el suministro eléctrico necesario para su funcionamiento en condiciones de igualdad y no discriminación, a la vez que reparó económicamente a las víctimas. La firma de esta Acta de Entendimiento viene a cumplir con las medidas de no repetición recomendadas por la CIDH en 2015.

Lo que deja el caso

Es relevante mencionar que la CIDH considera que la libertad de expresión contiene una doble dimensión -individual y social- que es fundamental para la existencia de sociedades democráticas, así como el papel de los medios de comunicación para materializar el cumplimiento de ese derecho.

Por otro lado, la CIDH señaló en su informe de 2015 que “el control y la distribución de bienes y recursos públicos que impacta o puede impactar su funcionamiento, es una decisión que tiene un efecto claro sobre el derecho a la libertad de expresión en su doble dimensión: el derecho de las personas que utilizan dichos medios a expresarse libremente, y el derecho de toda la sociedad a recibir ideas y opiniones diversas”.

Fuente: OBSERVACOM